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Del abuso al error judicial

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Richard Concepción Carhuancho acaba de decretar prisión preventiva contra don Jesús Munive Taquía, honorable profesor de la Universidad Federico Villarreal.



Richard Concepción Carhuancho acaba de decretar prisión preventiva contra don Jesús Munive Taquía, honorable profesor de la Universidad Federico Villarreal. Lo han presentado como si fuera integrante de una banda gansteril que aceptó y dispuso de las coimas que distribuyó Odebrecht a diestra y siniestra. Nada más falso y absolutamente imposible para todos quienes lo conocemos.

Integró el Comité de Selección junto a dos personas más para otorgar la buena pro a la construcción del viaducto del Tren Eléctrico Línea 1, tramos 1 y 2. Y para seleccionar a la empresa supervisora con el apoyo técnico de la Autoridad Autónoma del Tren Eléctrico y de Provías. Ese Comité de Licitación no realizó ningún estudio sustentatorio ni de determinación de costos, tampoco del valor referencial de la obra. Si el valor final resultó mayor que el determinado por la licitación, solo pudo generarse en la etapa de ejecución de la cual toca responder a la empresa Supervisora y a la AATE.

Afirman en la acusación que el Comité que integró Munive Taquía favoreció a Odebrecht “regalándole la buena pro en la licitación”, pero eso resulta imposible porque en esa etapa la empresa sí cumplió técnicamente con los requerimientos y su oferta fue del 90% del valor referencial. Hubo coimas que fueron pagadas a las personas ahora en prisión por habérsele constatado recepción y movimientos bancarios en el exterior. Pero no es el caso de Jesús Munive Taquía, a quien ampara el precedente de que el fiscal Hamilton declaró inadmisible la denuncia interpuesta contra él por la procuradora Katherine Ampuero. La encontraron carente de sustentos de hecho y de derecho.

Pero ahora el fiscal Pérez Gómez inició un procedimiento súper acelerado para solicitar al juez la prisión preventiva por 36 meses contra Munive Taquía. Con una Resolución Fiscal dictada el 2 octubre del 2018, el juez del Primer Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional Concepción Carhuancho citó a Audiencia de prisión preventiva para el día 5 de octubre del 2018, a las 9:00 am. Es decir tres días después de la notificación, sin dar tiempo a que su abogado pudiera conocer  el expediente acusatorio para organizar su defensa. Se violó así la garantía constitucional que lo ampara.

Hasta ahora el profesor Munive había tenido calidad de testigo porque no se le ha probado nada, menos aún que hubiera recibido dinero. No tiene nada que ocultar. Se presentó ante el Congreso y declaró su disposición a colaborar con la investigación; invitó a los congresistas a que abrieran su secreto bancario e informó sobre su condición económica totalmente alejada de rasgos exteriores de riqueza. Vive en su única casa de San Borja construida antes del año 90; tiene un solo auto usado; no ha viajado al extranjero en estos últimos diez años ni tiene cuentas en el exterior. Vive con las modestas remuneraciones que le paga la Universidad y cuenta con pequeños ahorros que se pueden comprobar.

Y en este contexto, el fiscal Pérez lo acusa de colusión agravada (artículo 384 del Código Penal). Comete colusión el funcionario público que mediante contratación pública –como la licitación– CONCIERTA con los interesados para DEFRAUDAR al Estado. Nunca conoció a Barata y por tanto no pudo haber acuerdo de partes. Si los funcionarios –hoy en prisión– que recibieron los depósitos de dinero involucraron a Munive, tendrían que haberlo probado lo que no ha sucedido.

Esta vez el juez Concepción Carhuancho no tiene indicios ni pruebas de que Jesús Munive Taquía haya recibido el dinero o que pretenda fugar del país, pues dicta cumplidamente sus clases en la Escuela de Ciencia Política de la UNFV  desde hace más de dos décadas. Tampoco puede obstruir a la justicia y, a todas luces, tiene arraigo en su país. Por tanto su decisión ha sido precipitada y arbitraria al condenar a un hombre de honor, quien además de poder demostrar su inocencia puede aportar mayor información y orientación técnica a las autoridades para corregir toda ruta equivocada.

Estamos ante un juicio de inspiración mediática en el que justos pagan por pecadores. Si solo se trata de dar a la prensa “la cabeza” de todos los funcionarios que trabajaron en la obra del viaducto del Tren Eléctrico se pueden cometer errores irreparables. De acuerdo con el nuevo Código Procesal Penal no se puede dar curso a toda denuncia, ni se puede ordenar prisión preventiva para todos a quienes se presume culpables.

La presunción de inocencia exige investigación para detectar los elementos de convicción que determinen que el encausado está tratando de eludir a la justicia. No es el caso del profesor Munive, por lo cual esta gravísima decisión afecta a un impecable, admirado funcionario público y docente que está cercano a una venerable jubilación. Merece nuestra total solidaridad ante este atropello judicial y político.

Si el fiscal Chávarry clama por su derecho de defensa, debe atender a que el mismo no sea violado por sus propios fiscales que se deben a la ley y a las garantías constitucionales.

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