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Dead man walking

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La situación de Edgar Alarcón se irá haciendo insostenible con los días, por lo que resultaría un grave error político embarcarse en su defensa desde el Congreso.



El contralor está herido de muerte. No hay forma de salvarlo. Más allá de que la denuncia en su contra sea el instrumento de una represalia por desbaratar con su informe las expectativas de grandes intereses económicos en juego (Chinchero y la reconstrucción), lo cierto que a estas alturas ello es irrelevante.

Como dicen en Colombia, Edgar Alarcón ha dado “papaya” más que suficiente a sus enemigos (políticos, empresarios y tecnócratas) como para intentar un rescate. La infracción de la ley que prohíbe realizar negocios privados a los funcionarios de la Contraloría parece poco discutible y la campaña mediática que se aproxima para las próximas semanas se encargará de cortar cualquier atisbo de duda en la opinión pública. Así funciona la propaganda.

En otras palabras, la situación del contralor se irá haciendo insostenible con los días, por lo que resultaría un grave error político embarcarse en su defensa desde el Congreso. La estrategia del gobierno y sus amigos de los medios es clara: cargarle la corruptela a la oposición. La insinuación de Sol Carreño de que la mayoría parlamentaria es cómplice de apañar al contralor encarpetando la denuncia es profética en dicho sentido. Así, mientras más tiempo se aferre el contralor al cargo, más se irá reforzando la especie de que tiene “protección”. Ya se sugieren desde los programas políticos marchas, vigilias y plantones. Para ese entonces el contralor será un carbón, y la oposición con la que los medios lo asociarán quedará chamuscada.

¿Qué corresponde a la oposición? Pues lo obvio: sacar el cuerpo. La mayoría parlamentaria y las otras fuerzas opositoras deberían hacerle saber al contralor que su suerte está echada porque su credibilidad y su legitimidad van a sufrir un perjuicio irreparable. Eso lo haría renunciar y ponerle punto final al problema sin desgastar a la oposición.

Después de todo, a diferencia de Alarcón, el próximo contralor no lo pondrá el Ejecutivo.

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