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De su propio chocolate

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Si el Ejecutivo pide consensos y diálogos al gobierno regional de Arequipa y a los pobladores del valle de Islay, ¿por qué se los niega al Congreso? ¿Se atreverá Vizcarra a disolver el gobierno regional de Arequipa, como amenaza disolver el Congreso en el "marco de la constitución"?



Esta semana, el gobernador regional de Arequipa envió un ultimátum al gobierno de Martín Vizcarra dándole un plazo de 72 horas para que declare nula la licencia de construcción que el Ejecutivo otorgó al proyecto minero Tía María. En conferencia de prensa, el presidente del Consejo de Ministros, Salvador del Solar, fue enfático en señalar que el gobierno no aceptaba ultimátums, sustentando que en una democracia y en un estado de Derecho los ucases están de más, y que es el diálogo el que impera para llegar a consensos y tomar decisiones en el marco de la ley.

No le falta razón al premier si no fuera porque el mismo Gobierno ha hecho añicos el sustento del diálogo y los consensos con la consecuente validación de los ucases y ultimátums al Congreso para que apruebe sin modificaciones (¡la esencia!) y en plazos perentorios reformas constitucionales al sistema político y de justicia, al amparo del aplauso de la opinión pública y de la mayoría de los medios de comunicación aceitados con la publicidad estatal.

En simple, el gobierno está recibiendo de su propia medicina: así como en Lima aplaudían al gobierno en su enfrentamiento con el Congreso, en Arequipa aplauden con un paro regional a los antimineros que se oponen al gobierno y a la mina.

¿Con qué derecho entonces Martín Vizcarra apura al Congreso para que el 25 de julio dé cumplimiento sí o sí (con la amenaza de cerrarlo) a una reforma política que –como la de justicia– tiene todos los visos del fracaso si sigue el derrotero irresponsable de la premura? Si pide consensos y diálogos con el gobierno regional de Arequipa y los pobladores del valle de Islay, ¿por qué se los niega al Congreso? ¿Se atreverá a disolver el gobierno regional de Arequipa como amenaza disolver el Congreso en el “marco de la constitución”?

Por otro lado, la chapucería y mediocridad del gobierno lo demuestra el hecho de que luego de haber otorgado la licencia de construcción de la mina (concluidos satisfactoriamente todos los procesos administrativos) el presidente afirme que nadie construirá nada hasta que todos los pobladores hayan quedado satisfechos con las explicaciones que el gobierno y la minera hagan para dilucidar cualquier inquietud (“Si no se aclaran las dudas no hay construcción del proyecto Tía María”). Entonces, ¿para qué se otorga una licencia de construcción si no se podrá utilizar para el objeto que es otorgada?

Otra vez, en simple, bajo los términos de Vizcarra la licencia de construcción no es más que un engañamuchachos. ¿Y qué pasa si, como suele suceder con los antimineros, toda conversación no resulta más que un diálogo de sordos?

Por último, y ya hablando de la empresa privada: ¿a quién se le ocurre en un rubro tan delicado como la actividad minera unir en un solo cargo al vicepresidente de finanzas y al de relaciones comunitarias? El financiero, por su formación, tiene un enfoque de utilidad máxima. Esa es su prioridad. Las relaciones comunitarias se enfocan en la sensibilidad social y en las personas y sus necesidades que siempre van a contrapelo con los intereses de los financieros. Es decir, si la responsabilidad recae en el mismo cargo, ¿cuál es el contrapeso interno?

Ese desencuentro es el que produce declaraciones temerarias para la coyuntura como que la minera no necesita de la licencia social porque ese no es un requisito administrativo ni está en la ley. Graves errores que ahora los empresarios y el gobierno están pagando en Arequipa por sus propias contradicciones.

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