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De la vigilancia a la denuncia ciudadana

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La delación anónima respaldada por pruebas contundentes ha permitido revelar grandes focos de corrupción en otros países. Aquí deberíamos concebir y aplicar el mecanismo que le facilite denunciar a funcionarios, magistrados y representantes que incurren en conductas inapropiadas o criminales.



El sistema de justicia del país exige una reforma, pero no son solo las leyes las que lo limpiarán de la corrupción. Urge mejorar el control interno de la judicatura para fiscalizar la labor de los magistrados, con el fin de responder con algo a las calles que arden en indignación y protesta.

Hay quienes creen que hay inercia o apatía ciudadana, pero pueden equivocarse. Los extremos se han alcanzado en la corrupción institucional y pueden alcanzarse en las movilizaciones urbanas como la de este 19 de julio –rememorando el paro nacional de esa fecha en 1977–que tuvo dimensión nacional al ser replicad en las principales capitales del país. Estamos ante una muy grave crisis de confianza en gobernantes, funcionarios y representantes. La exigencia no solo es por el cambio sino también por la enmienda para rescatar al país de las garras de este flagelo.

El problema es de falta de legitimidad y de responsabilidad de quienes conducen el país: la desconfianza afecta inclusive a quienes presentan proyectos reformistas. Por eso, es más que nunca importante en esta cruzada contra la corrupción dar participación a la sociedad. Ya el exministro de Justicia, Salvador Heresi, habló de referéndum y de la complementariedad de una estrategia social como parte de la reforma. Podemos ir más más allá.

Realistamente, lo que puede conseguirse ahora –bajo la presión de la opinión pública y de la prensa independiente– es la destitución y el procesamiento de los magistrados corruptos puestos al descubierto por los audios. Está muy bien; sin embargo, podría ser solo un cambio efímero sin garantía de que sus reemplazantes sean mejores. No es sorpresa que altos funcionarios, magistrados y representantes entiendan la vida en términos de prebendas y privilegios, que los aborden como derechos adquiridos y que sigan códigos de conducta venales. Frente a esta realidad descarnada quienes creemos en la ley y el Estado de derecho aparecemos desvalidos, fuera de contexto y perplejos ante instituciones que han reemplazado la ética solidaria por un corporativismo tóxico, que no distingue entre lo correcto y lo incorrecto y que ha hecho de la marginalidad y la crisis moral una forma de vida.

Mal podríamos predicar si no estamos dispuestos a contribuir. La sociedad debe fijarse como objetivo informar de la corrupción en todos los ámbitos en que es posible detectarla.

La delación anónima respaldada por pruebas contundentes ha permitido revelar grandes focos de corrupción en otros países. En el Perú, cada usuario de la justicia tiene su propia historia de decepción y de malos manejos. Por eso deberíamos concebir y aplicar el mecanismo que le facilite denunciar a funcionarios, magistrados y representantes que incurren en conductas inapropiadas o criminales. Que ellos sepan que sepan que están bajo vigilancia permanente de la sociedad, que no les es más posible ocultar delitos, hipocresías y conductas dobles.

El anonimato puede garantizar que salga a la luz esa precariedad moral de la justicia que hasta ahora permaneció protegida por la oscuridad y el silencio.

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