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Cuando se equivoca, la Justicia también paga

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La arbitrariedad y las inconductas funcionales de jueces y fiscales generan obligación de indemnizar.



Estamos tan acostumbrados a la arbitrariedad y a que no se respeten los derechos de las personas (incluso ante una situación de pérdida de la libertad ya sea por una actuación arbitraria, irrazonable o dolosa) que nos olvidamos que hay documentos válidos que se puede invocar para reclamar indemnización al Estado o a los magistrados y fiscales, por irregular ejercicio de sus facultades jurisdiccionales.

La Constitución, como norma fundamental, regula los Principios de la Administración de Justicia, y establece en el numeral 7 del artículo 139 que “son principios y derechos de la función jurisdiccional la indemnización, en la forma que determine la ley, por los errores judiciales en los procesos penales y por las detenciones arbitrarias, sin perjuicio de la responsabilidad a que hubiere lugar”. Es decir, la reparación económica –e inclusive penal– se encuentra reconocida en el marco constitucional.

En la Ley 24973 se regula la indemnización por errores judiciales o por detenciones arbitrarias. Considera que el supuesto de error judicial ocurre cuando, en un juicio de revisión, la Corte Suprema declara errónea o arbitraria a la sentencia; o cuando para juzgar a alguien se le priva de su libertad y el proceso concluye por archivo definitivo o la dación de sentencia absolutoria. Esta norma regula un proceso abreviado para reclamar al Estado, dentro de un plazo de seis meses de ratificarse la inocencia de la persona; y en forma paralela puede llevar a multar al magistrado. Esta norma incluso ha sido objeto de implementación en 2006, a través de una Comisión especial, por el elevado número de casos existentes.

De esta manera, en el Código Procesal Civil encontraremos dos artículos, el 509 y el 510, que regulan la responsabilidad sobre los daños y perjuicios causados por la actuación de los magistrados dentro de un proceso judicial. Esto es posible porque si bien el Estado es el único que tiene la facultad de aplicar coerción o sanción a las personas cuando rompen las reglas de la sociedad –conductas no deseadas tipificadas como delito–, esta prerrogativa debe ejecutarse dentro del respeto a los derechos fundamentales de la persona, entre ellos, la presunción de inocencia, integridad y libertad. ¡Si no simplemente se paga!

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