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Corte de la impunidad

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¿Cómo es posible que la fiscal Bensouda reciba alegre y sonriente al presidente del Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela, Maikel Moreno, justamente quien mantiene encarcelados a docenas de opositores y protege a asesinos y torturadores al servicio del gobierno?



¿Cómo reaccionaría la fiscal de la Corte Penal Internacional (CPI), magistrada gambiana Fatou Bensouda, si supiera que la policía asesinó a su padre y que verdugos del gobierno torturaron a su hijo introduciéndole por el recto un palo mojado con polvo de bombas lacrimógenas? ¿Qué actitud tomaría la presidente de la CPI, magistrada argentina Silvia Fernández de Gurmendi, si hubieran violado a su hija en una tanqueta del servicio de inteligencia bolivariano?

Nos preguntamos, además, si ante esos imaginables hechos las magistradas mantendrían engavetadas durante catorce años esas denuncias sin abrir investigación contra autores y cómplices de esos infames crímenes de lesa humanidad. Más aún, queremos saber si a pesar de saber todo lo anterior la fiscal Beusoda recibiría, alegre y sonriente –como lo hizo hace unos meses– al presidente del Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela, Maikel Moreno, justamente quien mantiene encarcelados a docenas de opositores y protege a asesinos y torturadores al servicio del gobierno.

Para vergüenza de la judicatura internacional, eso lamentablemente es lo que sucede debido a la inacción de jueces y fiscales de la CPI que desde el año 2004 –es decir, durante catorce años – tienen acumuladas 600 denuncias de torturas, asesinatos y encarcelamientos ilegales cometidos por el gobierno venezolano, aun cuando disponen de dramáticos testimonios escritos de puño y letra por las propias víctimas. Esos hechos constituyen crímenes de lesa humanidad de acuerdo con el art. 7 del Estatuto de la CPI, sancionados hasta con cadena perpetua. Sin embargo hasta hoy la Fiscalía no inicia las investigaciones, a pesar de que el art.15 del Estatuto de la CPI autoriza a que intervengan de oficio cuando hay situaciones que lo ameritan.

Simplemente, para callar las protestas dicen que están procesando los documentos recibidos. Una mísera excusa para justificar su inacción.

La fiscalía de la CPI, por ejemplo, no movió un dedo cuando el mundo conoció en directo el asesinato del capitán Pérez y siete de sus compañeros, que advertían a través de filmaciones trasmitidas de sus celulares que estaban desarmados y que las fuerzas militares chavistas los iban a matar. Ante esta escandalosa y reprobable indiferencia de la CPI, varias organizaciones humanitarias han presentado docenas de denuncias sustentadas. Lo han hecho las comisiones de derechos humanos de la ONU y de la OEA, el Parlamento Europeo, Amnistía Internacional, Human Rights y el Centro de Estudios para América Latina que dirige la prestigiada penalista Tamara Suju; así mismo, la Asamblea Nacional de Venezuela y recientemente un grupo de expertos designados por la Secretaria General de la OEA. Pero la CPI continúa sorda, ciega y muda.

Recordemos, por otro lado, que desde que inició su funcionamiento el año 2002 esa entidad supranacional ha generado gastos superiores a mil quinientos millones de dólares y que su presupuesto anual escala a los 150 millones de dólares. Con ese dinero mantienen oficinas en La Haya y pagan sueldos al presidente, dos vicepresidentes, 18 jueces y 800 empleados de 90 nacionalidades. No obstante, su producción ha sido paupérrima: en tal largo periodo solo han procesado a cuatro sátrapas africanos y en América Latina, a ninguno.

Ante esta escandalosa incapacidad que puede considerarse de complicidad con una dictadura, el gobierno del Perú –como Estado parte de la CPI y al amparo del art.14 de los Estatutos– debe solicitar que esa indolente y burocrática institución inicie una investigación de las denuncias presentadas contra el régimen chavista. Solo así nuestra cancillería mantendrá al tope las banderas de la democracia y la libertad en el hemisferio.

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