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Constitución y cuestión de facto

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Vizcarra anunció que entendía como “negación de facto” la elección de un magistrado; es decir, la norma terminaba siendo en razón de las personas y no por la naturaleza de las cosas. Se concretó el apartamiento constitucional y el golpe de Estado blanco tomó forma.



Podríamos iniciar afirmando que es muy posible que el actual jefe del gobierno de hecho, señor Martín Vizcarra, tomara esta senda a raíz de sus lazos anteriores con Odebrecht y en vista del descubrimiento de audios que lo vinculaban directamente con una negociación ilegal sobre el proyecto del Aeropuerto de Chinchero (y las presiones al contralor de ese entonces). Basta decir que su ex primer ministro ha sido puesto en evidencia por el califa de la corrupción Jorge Barata, ejecutivo de Odebrecht encargado de los sobornos en el Perú.

Ya hace un año se venía debatiendo la vena autoritaria del autoproclamado reformador anticorrupción. Ella devino en una serie de reformas mal planteadas y apresuradas para buscar el aplauso fácil, guiado por un oscuro asesor argentino de apellido Aguiar. En este camino, una ONG ligada a Soros intervino filtrando audios que vinculaban a un juez del Callao con una red de corrupción. Luego se sabría que está filtración era selectiva y que todo estaba dirigido a capturar las otras esferas del poder que hasta ahí garantizaban, precisamente, la división de poderes. El ultimo bastión: un desacreditado Congreso que tenía congresistas de diversas bancadas vinculados a la corrupción.

Es claro que el señor Vizcarra consideraba una amenaza las investigaciones del Congreso y –bajo el manto de los escándalos promovidos por un sector de la prensa que responde a una muy importante subvención del Ejecutivo– y que eso terminó por inclinar la balanza final. Ya Sócrates preguntaba sobre el pueblo si este escogería comer pasteles o aceptar el aceite de ricino que haría mejorar la salud del Estado. Y se contestaba que elegirían los pasteles, pues el pueblo es muy susceptible a la demagogia.

Al verse descubierto y caído el expremier Villanueva en desgracia, Vizcarra anuncia al Congreso su decisión de adelantar las elecciones generales. Lo cierto es que requería una reforma constitucional, atribución delegada al Congreso e inobservable por el presidente y por ab minoris ad maiorem con mayor razón no sujeta a cuestión de confianza. Se había desafiado al poderoso con el rugido del ratón. Un Congreso disminuido había ganado y la posibilidad de aprovechar la ola popular antes de un descubrimiento mayor se alejaba. La izquierda caviar, que veía cada vez más cerca su zarpazo definitivo, ardía.

Así llegamos al capítulo final. El Congreso, en uso de sus atribuciones, había cumplido todas las etapas para llegar a una lista de candidatos que serían votados para reemplazar a los magistrados del TC (que excedían su período en varios meses). Este cambio constitucional alteraba la ya incómoda posición de Vizcarra, y se volvió intolerable. Había que torcer el proceso.

Así en una sesión de votación en la cual por uso no hay debate, el expremier del Solar irrumpió para frustrar la votación, y plantear una cuestión de confianza sobre algunos elementos de cómo calificar a los candidatos y la disposición transitoria, que se aplicaría a aquellos que habían ya pasado el filtro. Es decir: sabemos que la aplicación debida a un proceso de calificación es una sucesión de actos, y esta afecta a lo que se produce al momento y el futuro, y no a lo ya producido, como fue la calificación de los candidatos. Preclusión. El Ejecutivo pretendía empujar una insolencia jurídica.

Ante tales hechos, el Congreso actuó dentro de sus atribuciones. Tomó cuenta de la cuestión de confianza en medio de la votación. Era un hecho que no se podía debatir en medio de una votación, y así se votó dos candidatos de los seis, lo que dio como resultado la elección de uno, Ortiz de Zevallos,  que tendría que reemplazar a un conocido operador del Gobierno de apellido Espinoza. Luego de esta elección, el pleno del Congreso aceptó dar la cuestión de confianza y así dio por terminado el incidente provocado por la bravata del premier.

Y he aquí el quid del asunto. Vizcarra anunció que entendía como una “negación de facto” de la confianza al haber elegido a un magistrado. Es decir, la norma propuesta terminaba siendo en razón de las personas y no por la naturaleza de las cosas. El apartamiento constitucional de Vizcarra se plasmó y el golpe de Estado blanco tomó forma.

Hoy, gracias a una recomendación del secretario de la OEA, es posible que el TC resuelva la situación; no obstante, muchos miran con desconfianza al órgano que antes ha votado por mayoría a favor del Gobierno. Sirve recordar que cuando el TC estaba integrado por Aguirre Roca, Rey Terry, Revoredo y bajo la presidencia de Ricardo Nugent y Sánchez, con la inhibición de Nugent se logró la votación que termino declarando la inaplicabilidad de la reelección de Fujimori, para lo cual no se requirió la votación de cinco magistrados y que prevaleciera la Constitución.

Ahora veremos de qué están hechos los actuales magistrados. La historia juzgará los actos de cada uno de ellos, y será necesario que cumplan –con responsabilidad propia y en estricto apego a la Constitución– la Ley tal y como le enseñaron sus maestros. No deben fallar de acuerdo con el interés y la conveniencia, sino de acuerdo al derecho y la justicia. Allá aquel que no quiera ser como Aguirre Roca: su nombre quedará en la oscuridad y borrado por del tiempo.

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