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Congreso y prensa nacional: un cambio de paradigma se hace urgente

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Ha sido notable la reacción de un gran sector de la prensa, también sorprendido por las ambiciones anticonstitucionales de este gobierno accesitario y demagógico.



Este quinquenio presidencial no termina de sorprendernos desde que Pedro Pablo Kuczynski asumiera con gracioso bailecito y tragicómico gabinete de lujo la presidencia del Perú, en el ya muy distante 28 de julio del 2016. Desde entonces, la imprevisible realidad que nos ha tocado vivir en el affaire post Odebrecht se ha desbordado de la forma más ruin y sorpresiva, dado que la justicia anticorrupción que asumíamos debía defendernos no atenta contra corruptos, obras sobrevaluadas, ni peajes abusivos, sino más bien contra quienes se les oponen.

Por si esto fuera poco, Odebrecht pareciera haberse convertido en el pretexto y la herramienta principal para implementar un ambicionado plan comunista que –como en la Venezuela de Maduro o en la Argentina de los Kirchner– debilite el sistema democrático peruano durante las próximas décadas, traiga la quiebra económica de los sectores empresariale  pero fortalezca a frustrados izquierdistas y caviares progénero, ansiosos por ganar un botín de guerra millonario en consultorías y dinero estatal.

Seamos claros: esta fanatizada agresión a nuestra democracia no es casual. Tiene un detallado plan ofensivo convenientemente preestablecido, que cuenta además con una estratégica y poderosa alianza con la prensa masiva. Poseen buenos tiempos para actuar en el asalto policiaco a sus opositores; disponen de chivos expiatorios mediáticos como Hinostroza y objetivos políticos claramente determinados. Es importante que lo reconozcamos de una buena vez.

En este sentido, las recientes bombas de humo lanzadas al exfiscal de la nación Pedro Chávarry tienen por finalidad una vez más desviar la atención a sus verdaderos propósitos. Sin duda, ellos hubieran preferido usar al más odiado juez Hinostroza,  pero se les escapó y la justicia española literalmente lo desdemonizó. También planificaron hacer un gran circo hipnotizador y duradero exhibiendo enmarrocado al expresidente Alan García y manteniéndolo preso, ero su inmolación política golpeó y retrasó sus planes, así como su calendario (que ahora, al parecer, retoman con urgencia).

Si bien esta estrategia golpista pareciera actuar solo con ataques relámpagos y limitados de corto plazo –como ahora, asignando quince días al Congreso para aprobar “solo cinco” antojadizos cambios constitucionales y agregando un sexto, nuevamente sobre la inmunidad parlamentaria–, estos siempre apuntan al año 2021 como su objetivo principal. A partir de entonces lograrán el control total del poder político para luego acosar al poder económico. Así pues, resulta que la reelección congresal de los políticos con más experiencia y solidez ya está prohibida a partir del año 2021. La carcelería preventiva de tres años a Keiko Fujimori apunta a restringirla dentro de ese mismo horizonte de tiempo.

La reforma política, además, prohíbe ser candidato a aquellos que tengan condena, algo facilísimo de conseguir a quienes controlan todas las instancias del Poder Judicial. Y hasta les exigen a los partidos 250 mil votos en elecciones internas partidarias, una valla casi imposible de cumplir para todos excepto el Movadef de Abimael Guzmán. Se pretende, pues, destruir la democracia por dentro imponiendo reglas imposibles de cumplir o sujetas a un control absoluto en el PJ.

En sus escritos sobre “el arte de la guerra”, el maestro Sun Tzu ilustra que para ganar las batallas se necesita formar alianzas. Por ello espero que la mayoría democrática del Congreso no busque más tener la razón ni decir que el Ejecutivo solo pretende cosas ridículas, sino más bien que aspire a manejar los resultados de esta crisis. Por ello, en primer lugar, sugiero fortalecer el pedido de los congresistas Gilbert Violeta y Javier Velásquez Quesquén y requerir la competencia de fueros del Tribunal Constitucional de inmediato.

Ha sido notable la reacción de un gran sector de la prensa, también sorprendido por las ambiciones anticonstitucionales de este gobierno accesitario y demagógico. Esto me lleva a proponer, en segundo lugar, que los líderes no comunistas del Congreso democrático promuevan el financiamiento constitucional de los medios de prensa, de manera tal que se rompa su tácita dependencia financiera del gobierno de Vizcarra. Ayudará, sin duda, a que puedan autorregularse una vez asegurado su financiamiento constitucional. Es, a mi entender, la única manera de romper una alianza diabólica que aprovecharon astutamente las ONG prochavistas, cuando el Congreso intentó equivocadamente degollar todas sus fuentes de financiamiento.

Este es el momento de plantearse un nuevo paradigma en las relaciones del Parlamento con la prensa nacional. Por el bien del Perú.

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