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¡Con mis militares (y mis instituciones) no te metas!

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La precariedad institucional de la semana: se confunden restos de nuestros héroes caídos; la JNJ vuelve a cero; un sicario es dejado en libertad por Concepción Carhuancho y el INPE.



A solo días de la crisis política desatada por el Gobierno a raíz del polémico uso de los mandiles por parte de miembros del Ejército Peruano, una lamentable noticia enlutó al país con la prematura muerte de tres valerosos héroes militares en un enfrentamiento con delincuentes terroristas en Vizcatán. Lo peor –si cabe el término– vino después, con la confusión en el traslado de los restos del suboficial Pérez Ávila y del subteniente Heredia Yovera, desde Junín a Lima y viceversa, que generó profundo malestar en los familiares de los fallecidos aunado al terrible dolor que significa la pérdida de un ser querido.

El Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas ha reaccionado disponiendo el inicio de una exhaustiva investigación para determinar las responsabilidades y aplicar las sanciones a que hubiera lugar. Sin embargo, más allá de este pronunciamiento institucional ha quedado clara la precariedad en el manejo administrativo al interior del Ejército, puesto que no es difícil el cumplir diligentemente con la función encomendada de contar previamente con protocolos, directivas, instructivos, etc.

En suma: tales hechos no solamente no deben volver a suceder, ¡sino que nunca debieron haber ocurrido!

La misma precariedad institucional se vio reflejada recientemente, primero, con lo acontecido en la pomposamente denominada Comisión Especial de la Junta Nacional de Justicia. El único seleccionado –y presto a juramentar–, Pedro Patrón Bedoya, tuvo que renunciar al habérsele detectado un proceso judicial vigente en su contra (aunque últimas informaciones dan cuenta también de investigaciones penales por lavado de activos). Extraño es, por decir lo menos, pensar que alguno de los integrantes de la citada Comisión (entre ellos los titulares del Ministerio Público y Poder Judicial) no tuviesen conocimiento de esta gravitante información.

Dos supuestos. De haberla tenido y no exponerla durante el proceso de selección, serían partícipes (o quizá hasta cómplices) de un hecho bastante irregular; y, de no haber sido lo anterior, significa que no cumplieron con la función encomendada: esto es, “filtrar” oportunamente los antecedentes del postulante. En cualquier caso corresponde que estos señores presenten su renuncia, tanto a seguir integrando la Comisión de la JNJ como a titulares de pliego, toda vez que no es suficiente la renuncia del secretario técnico de dicha Comisión.

Lo segundo tiene que ver con la fuga planificada –y en evidente complicidad con algunos malos funcionarios públicos– del temible asesino Rubén Moreno Olivo, condenado a 25 años de cárcel por asesinato. Resulta que en el mes de febrero pasado, el mediático juez Concepción Carhuancho ordenó la excarcelación de este delincuente y su consecuente arresto domiciliario. Cuatro meses después (el 13 de junio) el INPE, sin hacer preguntas, lo liberó. En una rápida reacción, el Minjus cesó a todos los Miembros del Consejo Nacional Penitenciario del INPE aunque es evidente que existe un presunto acto de corrupción, puesto que resulta inimaginable que un sentenciado abandone el penal únicamente por falta de coordinación entre el Poder Judicial y el INPE.

Asimismo, causa extrañeza la orden impartida por el polémico juez Concepción Carhuancho al permitir que venciera el plazo de prisión preventiva, teniendo en cuenta su conocido apresuramiento (que no es lo mismo que celeridad) al impartir justicia selectiva. Entonces, ¿por qué ha demorado este proceso sin que a dicha fecha expida sentencia? ¿Habría ordenado la excarcelación si el procesado hubiese sido la señora Keiko Fujimori o algún otro miembro del partido político Fuerza Popular?

Agregar que el ahora nuevo prófugo estará de seguro en el deteriorado Programa de Recompensas del Mininter: uno más en la larga lista de “los más buscados” y otro integrante de esa nómina que la siempre expeditiva policía política DIVIAC no puede (o no quiere) encontrar. Por cierto, ¿sabrá el señor Vizcarra que su predilecta División Policial aún no captura al excongresista Donayre y al exgobernador Regional Félix Moreno?

Coincidimos en que es de gran relevancia la lucha frontal contra la corrupción. Para alcanzar esto, también es importante que nuestras autoridades cumplan con conocer y hacer saber las competencias funcionales que les tiene asignadas la norma, toda vez que –como ya dijimos líneas arriba– sucesos como los antes descritos mellan el honor y dignidad de nuestros valerosos militares de las Fuerzas Armadas. Son hijos de nuestro Perú, nobles herederos de los insignes héroes Cáceres y Bolognesi. ¡Recordémoslo siempre!

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