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Comisión de abusos sexuales: ¿hay una agenda detrás?

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¿Acaso se busca etiquetar como espacios de riesgo para menores solo a las entidades religiosas? ¿Los presuntos abusos cometidos por Juan Borea Odría, director del colegio Héctor de Cárdenas, o la violencia sexual sobre niñas awajún no indican que estos hechos terribles pueden ocurrir, lamentablemente, al interior de cualquier institución?



Aunque hoy los focos de la atención mediática se encuentran dirigidos al nuevo enfrentamiento entre poderes del Estado, un vistazo al informe de la Comisión investigadora de abusos sexuales contra menores en instituciones públicas o privadas deja serias dudas y preocupaciones sobre el verdadero objetivo de la creación de este grupo de trabajo. De hecho, más allá de sus vicios de origen –no olvidemos que se limita a investigar tres casos, que el congresista Alberto de Belaunde ya adelantó opinión sobre uno de ellos (Sodalicio), y que él mismo preside la comisión no obstante haber solicitado su formación (en clara violación del reglamento del Congreso)– se esperaba que constituyera un gran avance en cuanto a atención de una realidad urgente y dramática.

Solo en 2018, los Centros de Emergencia Mujer atendieron 22 709 menores víctimas de violencia física y sexual; mientras que en el primer trimestre del 2019 se reportaron más de 6000 niños y adolescentes afectados. La Comisión, entonces, generó cierta expectativa en cuanto a su promesa de poner “particular énfasis en una cultura de prevención”.

“Se está poniendo particular énfasis en tener una cultura de prevención. No solo enfocarnos en la denuncia sino en las propuestas de proyectos de ley de políticas públicas y buenas prácticas en la sociedad. Buscamos facilitar la denuncia y castigo de los abusadores, así como la sanación de las víctimas”, manifestó hace unos meses su titular, integrante de la Bancada Liberal.

Sin embargo, pareciera que bajo el pretexto de perseguir justicia para la víctimas del caso Sodalicio –el cual, dicho sea de paso, amerita sancionar con todo el peso de la ley a los criminales que, aprovechando su ascendiente cometieron execrables abusos sexuales contra sus jóvenes integrantes– el documento emitido por la Comisión traza intencionadamente un claro círculo alrededor de las organizaciones religiosas, al incluir entre sus recomendaciones una que lindaría con la discriminación:

5. “El Congreso de la República debe priorizar la modificación normativa del artículo 14 de la Ley N° 29635, Ley de libertad Religiosa para incluir como requisitos de inscripción en el Registro de Entidades Religiosas que: a) cuenten con protocolos claros de prevención y respuesta (incluidos los mecanismos de sanción) frente a la violencia sexual contra menores de edad que pudieran cometer sus miembros o se presenten al interior de sus iglesias u otras instalaciones que les pertenezcan, y b) señalar si realizan labores de educación, rehabilitación o cuidado de menores de edad, el lugar donde se realizan y la(s) persona(s) de la organización religiosa responsable(s) de monitorear dichas actividades”.

Luego de leer detenidamente lo anterior, válido es preguntarse si la intención es categorizar como espacios de riesgo para menores de edad solo a las entidades religiosas. ¿Acaso los presuntos abusos cometidos por Juan Borea Odría, director del colegio Héctor de Cárdenas, o la violencia sexual sobre las niñas awajún (los otros dos casos investigados) no indican que estos hechos terribles pueden ocurrir, lamentablemente, al interior de cualquier institución, sea laica o confesional? ¿No sería mejor –y más realista– establecer un protocolo universal para TODAS las organizaciones que brindan servicios a la niñez? ¿Cuál es el propósito detrás de colocar esta etiqueta negativa solo a las entidades religiosas?

Fuentes consultadas revelaron que alguien de la comisión estaría buscando, en realidad, romper el concordato con el Vaticano y, por supuesto, ir detrás de las finanzas de las iglesias evangélicas.

Y ello se percibiría, incluso, en que la Comisión parecería no haber ejercido la debida presión en todos los denunciados por igual. Algunos hasta se habrían dado el lujo de negarse a contestar durante la investigación. Según el portal Wayka, “Juan Borea se negó a responder a las preguntas de la comisión y declaró que solo brindaría información a la Fiscalía, donde también tiene una investigación abierta. ‘Yo no creo que al país le interese lo que pasó en el [colegio] Héctor de Cárdenas’, dijo”.

Ello contrasta con la atención dedicada, de acuerdo con información del Diario Correo, a testigos como el exsodálite José Enrique Escardó –últimamente muy activo en redes sociales, a raíz de la viralización de una grave denuncia contra él por maltrato psicológico interpuesta por su expareja–, quien brindó una exhaustiva y detallada declaración sobre los abusos.

Escardó acusó que cuando se retrasaba en los entrenamientos “venían con una ramita” y lo “golpeaban en la parte posterior de las piernas”. Así mismo, describió castigos como “ayunos a base de agua y lechuga, dormir en las escaleras durante un mes, cuidar la capilla del jardín durante toda la noche y otros”.

Como se recuerda, la Comisión investigadora de abusos sexuales contra menores en instituciones públicas o privadas investiga los siguientes casos: 1) Denuncias de abuso sexual, físico y psicológico al interno del Sodalicio de Vida Cristiana; 2) Reportes de violencia sexual sobre las niñas awajún en la provincia de Condorcanqui, Amazonas; y 3) Denuncias de exalumnos del colegio Héctor de Cárdenas contra el exdirector de la institución, Juan Borea Odría, por tocamientos indebidos, hostigamiento y violencia psicológica.

Foto: Periódico El Caribe

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