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Y en un intento de disimular las esquirlas, el régimen nos trajo dos nuevos psicosociales.



Han transcurrido ciento treinta y cinco días desde que Martín Vizcarra cerró inconstitucionalmente el Congreso de la República, aludiendo obstruccionismo por parte del primer poder del Estado. Convocó a elecciones complementarias, las mismas que se llevaron a cabo el pasado 26 de enero, y cuyos resultados conocidos nos hace presumir que tendremos un Parlamento fragmentado de cara al Bicentenario. Por ello, el precario gobierno (insistimos en esta definición) ha emitido sesenta y siete Decretos de Urgencia, sin fiscalización y/o control alguno, que serán revisados por el entrante Congreso para analizar la constitucionalidad o no de cada uno de ellos.

Sin embargo, un reciente reportaje del programa dominical Panorama dio cuenta de un conflicto de intereses entre el entonces ministro de Energía y Minas y la corrupta Odebrecht. Liu Yonsen confirmó haberse reunido este 23 de enero con representantes de dicha empresa en su Despacho a pedido del hasta ese momento procurador Ramírez. Al día siguiente, el ahora exprocurador señaló que dicha reunión fue coordinada por la ministra de Justicia, y agregó que de ella también tenían conocimiento el premier y el presidente. Cual efecto dominó, cesaron a Liu y Revilla, y añadieron a la lista a Flor Pablo (Educación) y Edmer Trujillo (Transportes y Comunicaciones, previsible por su complicada situación en la fiscalía de Moquegua).

Como era lógico, todas las miradas recayeron en Vicente Zeballos, pues no solo sabía de esta reunión con la mafiosa Odebrecht sino también de “la inminencia de la demanda” (Panorama dixit) y, para mayor “frescura” –si usamos un término muy suyo–, ¡en  conferencia de prensa llegó a manifestar su “extrañeza”! No obstante, el propio Vizcarra declaró, por enésima vez, que su gobierno combate la corrupción, mientras que en paralelo su premier manifestó que no se negociaba con delincuentes. Y presuroso, haciendo gala de su teflón, designó a los reemplazantes de los cuatro ministros cesados.

Aun así, las reacciones políticas no se hicieron esperar, inclusive de la prensa palaciega, al punto que un reconocido periodista afín al media training, se pronunció: “En cada explicación que dan enredan más las cosas para entender qué ha pasado con un gobierno que se tropieza al caminar”.

Para acallar los crecientes rumores de la calle, ya no solo por ineptitud sino por el caos permanente al interior del gobierno, Vizcarra nos trajo dos nuevos psicosociales: la sentencia anticipada (por supuesto con show mediático, justo el día de San Valentín, un día después de la juramentación de los nuevos ministros) al exalcalde de Lima, Luis Castañeda y las declaraciones del acomedido ministro Morán amenazando que los congresistas no contarán con seguridad personal.

Sobre Castañeda, el tiempo y su debido proceso determinará si es culpable o no pero es cuestionable una vez más que el uso desmedido de esta figura jurídica de excepción. Y en cuanto a lo enunciado por Morán, este debería tener presente que el Artículo 98° de la Carta Política refiere que “el Presidente de la República está obligado a poner a disposición del Congreso los efectivos de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional que demande el Presidente del Congreso”. Por lo tanto, decidir si corresponde o no seguridad personal a los congresistas no es decisión del gobierno, sino del propio Parlamento.

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