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Cinco reflexiones sobre “Obras por terrenos”

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Obras sí, ¿pero a cualquier costo?



¡La palabra “obras” atrae y enamora! Implica inversión, desarrollo y empleo, pero en un marco de normas confusas y apresuradas puede convertirse en una máscara seductora que esconda enriquecimiento indebido y aprovechamiento de vacíos en la legislación. Da pie a que algunos funcionarios y sus secuaces puedan hacerse de la vista gorda para luego redistribuir culpas, deshacerse en excusas y, con alguna suerte, eludir la justicia. Debemos ser muy cuidadosos: no nos podemos arriesgar nuevamente. ¡A río revuelto, ganancia de pescadores!

El proyecto de ley presentado por el Ejecutivo “Obras por terrenos” (consecuencia de la exclusión de la Ley de Reconstrucción con Cambios) tiene como finalidad promover inversión privada en infraestructura y servicios, destinados al manejo integral de cuencas y quebradas para prevenir y/o minimizar riesgos de desastres en los ríos. ¿Y por qué ha generado tantas críticas? ¿No se supone que replica el exitoso modelo de Obras por Impuestos? ¿No hemos asumido que estas medidas de prevención y mitigación son un imperativo nacional, a pesar de los costos? ¿No nos da tranquilidad que se implemente dentro del marco jurídico dispuesto por el DL 1224, que regula las APPS y los Proyectos en Activos?

Algunas reflexiones:

1. Integrantes de FA se opusieron a él sobre la base que es imposible llevar a cabo esta iniciativa sin una Ley de Reordenamiento Territorial. ¡Y es una observación válida! Como señala Franco Giuffra en artículo publicado en El Comercio el jueves 1 pasado: “¿Por qué diablos la gente se mete a vivir en lugares peligrosos? ¿No se dan cuenta que han puesto su casa en el cauce de un río? […] Durante los últimos sesenta años la provisión de tierra urbana de forma planificada y ordenada por parte del Estado ha sido cero”. Hasta los distritos más pudientes del país han crecido en forma inorgánica y desordenada.

2. Ha sido cuestionado por sendos analistas políticos desde sus columnas en Perú21, destacando que son sensibles y poco claros (¿o inexistentes en la norma?) los factores que se utilizarán para la priorización de proyectos y para la valorización de los terrenos. ¡Es que el artículo 6 cambia la foto! Dispone que la compensación por las obras no necesariamente se limitará a los terrenos regenerados sino que podrá incluir otros terrenos del libre disponibilidad.

Quizás terminan pagando con las “joyas de la corona” y recién nos daremos cuenta en diez años: hechos consumados y luego a cargar con el muerto para siempre. Algo así como la costosísima Interoceánica que nadie usa.

3. En efecto, hoy existe mucha suspicacia y una evidente falta de confianza porque todo huele a “negociado” y a segundas intenciones (según el Índice de Percepción de la Corrupción de la ONG Transparencia Internacional, el Perú está en el puesto 101 de 166 países). El pago en especie es una figura legal regulada en nuestro Código Civil, pero hay que ser singularmente cuidadosos con las valorizaciones.

4. La Exposición de Motivos de la norma brinda información estadística del Senamhi en el sentido que en los últimos 35 años este fenómeno se ha presentado 14 veces, dos de ellos con carácter extraordinario (1997 y 2017). Nos podríamos retrotraer a lo ocurrido en los años 1925 y 1926, denominado por el hidrólogo Arturo Rocha Felices como el “primer mega Niño del siglo XX” cuyas catastróficas lluvias en el litoral peruano captaron la atención del mundo entero. Casi cien años mas tarde, nada ha cambiado. En lugar de Augusto B. Leguía tenemos a Pedro Pablo Kuczynski de presidente, pero igual hay que hacer colosales obras de reconstrucción con una “Caja Fiscal” limitada. Se va a apelar al 50% del FEF pero quedará corto, más aún si contra viento y marea se ha decidido seguir adelante con los Panamericanos.

5. Una de las supuestas bondades de la norma es la evaluación costo-beneficio. Se establece que no genera gastos al tesoro público ni obligaciones o pasivos de parte del Estado, solo el compromiso de transferir la propiedad de los terrenos. ¿Y acaso esas tierras no tienen valor? ¿No constituyen patrimonio de la nación?

Me pregunto: ¿no sería preferible recurrir a mecanismos de endeudamiento externo como bonos o papeles comerciales para generar fondos, en lugar de equivocarnos con normas apresuradas que podrían abrir la puerta a la corrupción, una vez más?

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