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Opinión

CIDH y Estado Peruano: encadenados a los 90

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Un abuso procesal que afecta seriamente el proceso de reconciliación nacional.



A raíz del caso Chavín de Huántar, ha quedado claro que tanto la Corte de San José como el Estado Peruano siguen anclados al pasado; todo por una decisión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (1) que afecta seriamente la reconciliación nacional y ralentiza la solución de temas  más actuales y urgentes. Resulta increíble el empecinamiento de mantenernos amarrados a la década de los noventa. Y esta no es una afirmación gratuita, sino producto de la constatación de las fechas de inicio de los procesos ante la CIDH tramitados RECIENTEMENTE (2) ante la Corte de San José:

  • Caso Gonzales: el 10 de mayo de 1993
  • Caso Tarazona: el 22 de Enero de 1996
  • Caso J: el 17 de mayo de 1997
  • Caso Cruz (Chavín de Huántar): el 3 de febrero de 2003

Y uno de los puntos centrales que TODOS ellos alegan ante la CIDH es la VULNERACIÓN AL PLAZO RAZONABLE en el juzgamiento. Además, graciosamente, exigen que apliquemos convenciones o principios que en ese momento no existieron. 

En simple: urge una tarea concertada de Relaciones Exteriores con el Ministerio de Justicia, así como la acción de nosotros los ciudadanos para denunciar lo que a todas luces constituye un abuso procesal.

(1) CADH establece que CIDH es quien pone casos a disposición de la Corte.
(2) De los cuatro casos, tres son vinculados al MRTA y el restante a una ONG.

Seminario: “Sistema Interamericano de los Derechos Humanos y su importancia en las Américas” (20 de abril de 2015. 8:30 hrs. – Cartagena, Colombia) http://corteidh.or.cr/

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