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¡Choque de titanes!

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Fiscalía y mayoría legislativa parecen haber ingresado a una guerra sin cuartel en la que no habrá repechaje.



A nadie se le ocurriría pensar que el espinoso tema de Paolo Guerrero y su resultado analítico adverso representan una cortina de humo. Pero vaya si está tapando una lucha de poderes entre la mayoría legislativa, por un lado, y la Fiscalía de la Nación y el Tribunal Constitucional del otro.

De lejos el argumento parece claro. La fiscalía persiste en investigar a Keiko Fujimori bajo la modalidad de crimen organizado. La mayoría legislativa, por boca de su vocero Salaverry, anuncia la presentación de una acusación constitucional contra el fiscal de la nación Pablo Sánchez.

Alineados así los actores, es difícil dudar. Todo parece indicar que estamos ante una simple represalia del fujimorismo contra una fiscalía que persiste en investigar bajo ese régimen a Keiko. La guerra está declarada y, a tenor de la reciente reapertura de la investigación a Joaquín Ramírez, la guerra es total.

Y será guerra en dos frentes porque también ha germinado la acusación constitucional contra algunos miembros del Tribunal Construccional. Sobre este ultimo punto Jaime De Althaus ha sido claro al señalar que la conducta de los magistrados es inaceptable. Y nadie puede acusar a Jaime de ser un fujimorista despechado.

La otra parte ha acusado el golpe. Ya algún miembro de TC (cuerpo en el que se encuentra Eloy Espinoza, reputado de ser el “Ojitos” arreglador citado en las agendas de Nadine) habla de un golpe de Estado. El Poder Judicial, por su parte, se alinea con la Fiscalía y su conductor, Duberlí Rodríguez, advierte que se atenta contra la autonomía de dicha entidad.

Sin embargo la lógica de este análisis, fundado en la imagen del fujimorismo matón que defiende a su lideresa, se quiebra rápido. Pensar así tendría algo de sentido si alguna de las causales de la acusación constitucional planteada por el fujimorismo aludiesen a la investigación a Keiko. Pero no es así.

La autonomía de la Fiscalía termina donde empieza el control político que el Legislativo está facultado a ejercer. Atención. La Fiscalía está siendo acusada constitucionalmente no por investigar a Keiko. La Fiscalía es pasible de esta acusación por su actitud manifiestamente genuflexa con los socios de Odebrecht, empezando con Graña y Montero.

La Fiscalía tendrá que explicar por qué no hay acusados, no se intervinieron oficinas o celulares en este caso. Más todavía el fiscal Sánchez deberá explicarle al país como así llegó en once horas a un acuerdo con Odebrecht que no ha sido comunicado al pueblo peruano. Esta guerra es política y en la procura de esas explicaciones el fujimorismo se valida ante la población. Salvo que la población prefiera la tapadera que la Fiscalía parece urdir.

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