Chavín de Huántar: el mundo al revés

Nuestra querida Delia Muñoz ha emprendido una campaña para informar a la opinión pública sobre la inminente sentencia que pronunciará la CIDH en el caso de las indemnizaciones a los parientes de los delincuentes terroristas muertos como consecuencia del rescate de los rehenes en la residencia del embajador japonés. Si el veredicto resultara favorable a los familiares, se estaría cometiendo uno de los atropellos más grandes y obvios contra el significado de lo que el sentido común entiende como justicia.

El fundamento de las indemnizaciones patrocinadas por APRODEH y CEJIL es que los familiares de las “víctimas” —pues para esas ONG los terroristas muertos del MRTA son víctimas— han sufrido un daño (psicológico, moral y hasta físico) que debe ser reparado por el Estado, o sea, por todos y cada uno de los 30 millones de peruanos. De lo que se desprende el absurdo monumental de que merecen indemnización los familiares de quienes violaron sistemáticamente con alevosía y ventaja los derechos humanos de 72 personas durante 126 días (privadas de su libertad y dignidad con inaudita violencia y sometidas a tortura psicológica y física); es decir, ¡que debe pagarse a los parientes de los perpetradores del crimen!

¿No debería ser más bien al revés? ¿Acaso no deben ser los exrehenes y sus familiares, así como los familiares del juez supremo Carlos Giusti, del teniente coronel Juan Valer y del teniente Raúl Jiménez —muertos durante el operativo— los indemnizados? ¿No son ellos las víctimas de quienes usaron ilegal y desproporcionadamente la fuerza contra 72 inocentes?

Ya que APRODEH y CEJIL amparan el despropósito de que toda la sociedad peruana indemnice a través del Estado a los familiares de los violadores de dd. hh. pertenecientes al MRTA fallecidos en el rescate, ¿no cabría que con la misma “lógica” aquellos indemnicen a los 72 rehenes y a sus familias por el crimen de sus parientes terroristas?

Seamos francos: es inaudito que los únicos que terminen sacando provecho económico y moral como consecuencia de un acto delictivo sean precisamente los familiares de los delincuentes. Esto es, en simple, una ofensa a la justicia.