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Caviares no quieren soltar el TC

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Lo que existe en todo parlamento del mundo son acuerdos políticos sobre candidaturas basadas en la trayectoria personal del candidato.



Acción Popular sigue indesmayable en su –como dice un amigo– papanatismo político elevado al nivel de ideología. Como tienen la cabeza de calabaza, los caviares están felices porque han usado al viejo partido de la lampa –hoy tomado por una recua de impresentables– para querer hacer realidad la perpetuidad de tener en sus garras al Tribunal Constitucional a través de una serie de triquiñuelas.

En efecto, el Grupo Parlamentario de Acción Popular, a iniciativa del congresista Luis Carlos Simeón Hurtado, ha presentado el proyecto de ley 4885: Ley que regula y establece un procedimiento meritocrático y transparente para la elección de los miembros del Tribunal Constitucional.” Este proyecto modifica el artículo 8° de la ley 28301, Ley Orgánica del Tribunal Constitucional.

Quien crea que un concurso de méritos hará posible un TC como en Suiza es un reverendo tonto. Ningún país del mundo tiene por principio la meritocracia así entendida para elegir a tribuno constitucional. Tan es cierto es que el propio proyecto de AP lo ve así. En este sentido la palabra “meritocracia” es un engañamuchachos para los despistados. Lo que sí establece el proyecto son varios filtros (cuatro en total) para el proceso de selección de candidatos, previo a la votación en el pleno con el número que exige la Constitución.

Por ejemplo, establece una “veeduría” de la Defensoría del Pueblo y de la Junta Nacional de Justicia que no se sabe para qué sirve, pues no le otorga función alguna. ¿Se entiende que esta “veeduría” asegurará la transparencia?

Luego viene lo bueno y lo más peligroso. El Proyecto de Ley propone que las propuestas de candidatos “para ser declaradas aptas deben contar con el respaldo de uno o más instituciones públicas y/o privadas vinculadas al sistema de justicia”. En otras palabras, en cuanto a lo privado se refiere: las ONG. ¿Cuáles? Pues las que existen en el mercado vinculadas al sistema de justicia, dominadas por los caviares: IDL, APRODEH, JUSTICIA VIVA, COMISIÓN ANDINA DE JURISTAS, MOHL, PROMSEX, MANUELA RAMOS y un largo etc. vinculadas a temas “jurídicos” como el aborto, la igualdad e identidad de género, la paridad y la alternancia de género y otras perlas más de la caviarada. En cuanto a las instituciones públicas como los colegios de abogados y facultades de derecho, son también los caviares y demagogos quienes las dominan, empezando por la Defensoría y la JNJ.

Será con el aval de estos que se tengan que presentar las candidaturas al TC para que sean viables, esto es, para que se sienten los caviares. La meritocracia, entonces, la deciden los caviares. Y son tan “transparentes” que se les ve el fustán.

De lo que se trata aquí es de quitarle al Congreso que representa a la nación la prerrogativa del acuerdo político, satanizándolo como “repartija”. Basta de mentiras y bull shit caviares. No existe repartija y quien crea que existe es un bobalicón. Lo que existe en todo parlamento del mundo son acuerdos políticos sobre candidaturas basadas en la trayectoria personal del candidato. Y los acuerdos políticos los hacen los representantes del pueblo; nunca los que nadie ha elegido para desempeñar ninguna función pública, pero que pretenden hacer de pontífices para calificar quién ejerce o no la justicia constitucional. ¡No deben pasar!

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