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¡Caso cerrado!

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Resulta insólito, desde el punto de vista constitucional, que quien anuncie el despido de un juez sea el presidente de la república.



Ayer el presidente de la República anunció al país el despido del juez de Huaral que hace unos días liberó a 29 imputados por la fiscalía de integrar una banda criminal. El magistrado determinó que, según el atestado fiscal, no había mérito para que los susodichos afronten el juicio bajo prisión preventiva y, por lo tanto, les impuso comparecencia restringida.

El fallo del juez, como es obvio, suscitó la indignación de la opinión pública en el contexto de una ola delictiva que todavía no tiene visos de cesar, pese a los esfuerzos discretos o intensos de varios gobiernos sobre la materia.

Independientemente de lo que como simples ciudadanos podamos pensar del fallo judicial y de que como periodistas solo hemos prestado oídos a una sola de las partes (el gobierno a través de su ministro del Interior), resulta insólito que desde el punto de vista constitucional quien anuncie el despido de un juez en primicia para la nación— sea el presidente de la República.

En el Perú existe el principio de separación de poderes y, por lo tanto, podría prestarse a suspicacia, por decir lo menos, que la cabeza del Poder Ejecutivo anuncie y celebre el despido de un juez cuya sentencia le es incómoda. También resulta insólito que quien debió hacer el anuncio, es decir, el presidente del Poder Judicial, se presente en esa misma conferencia de prensa como apuntador de PPK, dando detalles del hecho como si fuera su ministro.

Me parece muy bien que los poderes del Estado coordinen políticas en materia de justicia, pero cada uno en su lugar: ni el jefe del Estado es presidente del Poder Judicial; ni este, su ministro de Estado.

En cuanto al juez defenestrado, este tendría toda la razón del mundo para afirmar que su despido fue arbitrario, en tanto que sobre su fallo ni siquiera se ha pronunciado la OCMA, que vela por la idoneidad jurídica de las resoluciones judiciales y la ética de los administradores de justicia. ¿Por qué lo despidieron entonces? ¿Por presiones de PPK? 

La cuestión de formas podría dejar esa impresión que nunca es buena para un gobierno democrático.

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