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Carta a la opinión pública

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Aunque me tome toda la vida, no voy a parar hasta que Al Jazeera, la señora Ugaz y el señor Yovera se rectifiquen del grave daño que me han hecho con un reportaje que solo recoge afirmaciones falsas y difamatorias. Mi familia está sumamente afectada y mi imagen está por los suelos; es difícil que pueda encontrar un trabajo.



En el año 2012 ocupé el cargo de apoderado de la Asociación Civil San Juan Bautista (en adelante ACSJB), comprando en el mes de enero la posesión de aproximadamente 300 hectáreas a 15 posesionarios con un compromiso futuro de venta. Eran extensiones en las que realizaban pequeños sembrados con especies oriundas que podían crecer en terreno eriazo. Recorrimos con los posesionarios la zona sin encontrar ninguna edificación, ni a nadie otro que ejerciera la posesión. Por eso, luego de las consultas legales, procedimos a adquirir la posesión con el compromiso de que los posesionarios, una vez formalizada su propiedad, la transferirían a la ACSJB.

En febrero de 2012, cuando la ACSJB empezó los trabajos de topografía para cercar los terrenos adquiridos, comenzaron a aparecer distintas personas naturales y jurídicas que alegaron derechos de posesión sobre las mismas tierras, y procedieron a denunciarme por el delito de usurpación, falsificación de documentos y asociación ilícita para delinquir por ser el representante de la ACSJB. En la misma época un grupo autodenominado Construcción Civil invadió 87 hectáreas de las tierras adquiridas, alegando contar con derechos posesorios otorgados por la Comunidad Campesina de Castilla y que, en todo caso, teníamos que pagarles si las queríamos de vuelta.

Como representante de la ACSJB tuve que tomar la decisión de recomprar esas hectáreas, por lo oneroso y largo que habría sido seguir un proceso civil de desalojo, además de la paralización de los proyectos de inversión previstos. Una vez recompradas esas tierras, las mismas no fueron desalojadas sino que se nos pidió el pago de un servicio de vigilancia para que no sean nuevamente invadidas. Se tomó la decisión de hacer los pagos hasta conseguir instalar un sistema propio de protección para poder defender los terrenos.

En las denuncias por usurpación hubo un primer pronunciamiento archivando todas las denuncias. Pese a ello, la ACSJB tuvo reuniones abiertas de diálogo con los denunciantes para resolver las disputas posesorias y se llegó a arreglos satisfactorios. Esos arreglos no influyeron en la investigación fiscal, pues se formalizó investigación preparatoria por los hechos denunciados, incluyéndoseme en el proceso penal como representante de la ACSJB. Sin embargo, en esa etapa procesal fui excluido por resolución judicial firme, en la medida de que no tenía ninguna intervención en los delitos imputados. En la actualidad, el Ministerio Público ha pedido el sobreseimiento de todas esas denuncias porque ninguno de los denunciantes ha podido probar haber tenido una posesión previa.

En el caso del autodenominado sindicato de “construcción civil”, un equipo especial de la Policía de Lima determinó que se trataba de una organización criminal (a la que denominó La Gran Cruz) y se detuvo a sus miembros. La fiscalía a cargo de la investigación nos citó a declarar como testigos. Nunca se nos imputó ser miembros o financistas de la referida organización.

La tesis de pagar para invadir terrenos carecía de toda lógica, pues eso terrenos ya habían sido adquiridos anteriormente a los quince posesionarios. Nadie paga para invadir unos terrenos que ya adquirió. La legalidad de nuestra adquisición está respaldada por el hecho de que en la actualidad la propiedad se ha formalizado y registrado a partir de los contratos de compra de posesión que se hizo con los 15 posesionarios. Así han sido los hechos y, de esa manera, es también como las propias investigaciones fiscales lo han determinado.

Sin embargo, determinadas personas quieren pintar una situación distinta porque vinculan a la ACSJB con el Sodalicio, construyendo una trama de tráfico de tierras dirigida por monseñor Eguren y por mí para invadir terrenos con La Gran Cruz y falsificar luego documentos con los que poder hacernos de la propiedad de terrenos de pobres campesinos. Es así que a las protestas de los primeros denunciantes (cuyas denuncias la misma fiscalía está sobreseyendo) y denuncias extorsivas hechas por los directivos de la Comunidad Campesina de Castilla que nos pedían que les pagáramos a ellos por las tierras (todas esas denuncias fueron archivadas por su absoluta falta de sustento), se sumó una refinada construcción noticiosa impulsada por la Sra Paola Ugaz por medio de la cadena árabe Al Jazeera.

Utilizando cuatro testigos y sin hacer el menor caso a nuestros descargos hechos llegar notarialmente por el abogado de la ACSJB al periodista Daniel Yovera, se elaboró y difundió mundialmente el reportaje The Sodalitium Scandal, producido por la señora Paola Ugaz, quien luego de haber reconocido públicamente ser la productora ahora lo niega para evitar asumir su responsabilidad por la absoluta falsedad del reportaje.

No soy sodálite y vivo exclusivamente de mi trabajo. El daño que ese reportaje me ha producido es indescriptible. Mi familia está sumamente afectada y reputacionalmente mi imagen está por los suelos. Laboralmente es difícil que pueda encontrar un trabajo en el nivel gerencial, en el que siempre me he movido. La señora Ugaz, en su afán por crear una nueva historia con el Sodalicio, no ha tenido el menor reparo de dañar mi imagen sin tener en cuenta que no soy sodálite y que la asociación no es dirigida por el Sodalicio, sino por personas naturales que cumplen con la finalidad social no lucrativa de la ACSJB.

Con mis propios medios y contando con el apoyo de amigos abogados, decidí empezar a querellar a los testigos. Querellar al periodista Yovera o a la productora Ugaz, o a la misma cadena Al Jazeera, no habría tenido ningún sentido pues se habrían escudado en la figura del “reportaje fiel (ellos solo reproducen los que dicen los testigos)”. Y resulta que el Poder Judicial de Lima ya ha condenado a dos de los testigos que hicieron explícitamente referencias difamatorias en mi contra (Samuel Alberca Reyes y Carmen Rosa Campodónico Díaz). Con esas sentencias he enviado cartas notariales a la Sra Ugaz y al Sr. Yovera para que rectifiquen o hagan la gestión ante la cadena Al Jazeera con el fin de que se retire el reportaje o se tenga en cuenta que sus fuentes mintieron, como lo ha determinado el Poder Judicial.

La señora Ugaz nunca me ha respondido. Y lo que ha hecho el señor Yovera , más bien, es difundir aún más en sus redes sociales el reportaje, esta vez con conocimiento pleno de que los testigos me habían difamado con afirmaciones falsas.

No voy a parar en esta cruzada personal contra los que dañaron mi nombre simplemente por querer dañar al Sodalicio, institución con la que no tengo ninguna relación. Reitero: no soy sodálite y no estoy involucrado en ninguna situación de abuso. He tenido que denunciar a la señora Ugaz porque ha declarado falsamente en juicio que no es la productora de Al Jazeera, cuando ella misma antes lo ha reconocido en una entrevista pública.

Aunque me tome toda la vida, no voy a parar hasta que Al Jazeera, la Sra. Ugaz y el Sr. Yovera se rectifiquen del grave daño que me han hecho con un reportaje que solo recoge afirmaciones falsas y difamatorias.

Carlos Alberto Gómez de la Torre Prettel

DNI: 29300947

Imagen: El Periódico.com

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