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Bonos de la Reforma Agraria: el TC mete la pata

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El calvario de los bonistas no tiene cuándo terminar.



El calvario de los bonistas de la Reforma Agraria (24 de junio 1969, fecha que se conocía como Día del Indio y que se cambia con el Gobierno Revolucionario de la FF. A. a Día del Campesino) no tiene cuándo terminar. Máxime si la más alta autoridad constitucional del país da resoluciones alteradas (el Liquid Paper que altera el voto singular de un magistrado) y acepta a ciegas la propuesta solicitada al Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) para actualizar el valor de cada bono. Los bonistas exigen el pago a una expropiación, reconocida por el propio Gobierno Revolucionario, pues entregó bonos como compensación.

Es de justicia que el Tribunal Constitucional (TC) haga cumplir la sentencia de marzo del 2001, en la cual se reconocía la teoría “valorista”, es decir el valor del activo en el tiempo. Es por ello que es de sentido común actualizar los pagos reconociendo el efecto de la inflación del país. Pero en la resolución del 16 de julio del 2013, en su Fundamento N°23 indica que el IPC “en épocas de crisis económicas” se desconecta de la realidad (lo que es cierto pues no se observa el efecto sustitución en la canasta).

Hasta hace poco, la única referencia de inflación era el Índice de precios al Consumidor de Lima Metropolitana, que se tomaba como índice de precios para el país (IPC). Hoy se tienen IPC para las principales ciudades del país y uno para el país. Con inflación, inflación alta o hiperinflación siempre la referencia es una canasta de productos preestablecida por el Instituto Nacional de Estadística (que se actualiza cada cierto tiempo pues los consumidores tienen nuevos hábitos de consumos o se les ofrece nuevos productos; por ejemplo los teléfonos celulares).

El propio INEI, respondiendo a la consulta de un bonista, ha señalado que “se ha realizado una investigación exhaustiva de los documentos archivados en esta institución constatando que no existe evidencia física de alguna revisión sobre sesgos en el IPC en el período 1970-1992”. Esto significa que el Fundamento N°23 de la resolución del TC es falso.

Lo mismo sucede con el Banco Central de Reserva del Perú (BCRP), que igualmente señaló como “oficial” el IPC de Lima Metropolitana “como Factor de Actualización similares al Índice de Reajuste de Deudas y que es elaborado en base a la variación del IPC de Lima Metropolitana”. Para finalizar, la bien amada Superintendencia Nacional de Administración Tributaria (SUNAT) actualiza las deudas que tenemos con la institución.

Con toda esta evidencia, lo que le queda al TC es pedir un nuevo esquema de actualización de pagos y registro al MEF. Los bonos se van a pagar tarde o más tarde, pero se pagarán al fin. No tiene sentido postergar lo obvio pues al final se pagarán, cargando el IPC del tiempo de la postergación de la decisión más los intereses correspondientes.

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