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Bitácora de noviembre

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Este ha sido un mes de detenciones y escándalos; prácticamente, una larga crónica judicial.



La corrupción en torno a Odebrecht no es un problema exclusivamente peruano; es latinoamericano. En nuestra región ha movido el tapete de diversas instancias e instituciones, generando en los países involucrados investigaciones, juicios y detenciones. No solo se financiaron campañas electorales aquí sino también en otros lugares, porque la  lógica de Odebrecht era la misma en todos los países: proveer dinero a los candidatos para luego iniciar de una relación obras-coimas-gobernantes-funcionarios de turno.

Si en otros lugares se está investigando y a nadie le parece mal que así sea, ¿por qué en el Perú esto tendría que ser una persecución política? Hay detenidos en muchos países. El caso más emblemático: Lula.

No obstante, hay que considerar que en relación al Perú sí se generó una diferencia: aquí hubo más casos de corrupción, lo que equivale a decir que nos llevamos la presea. Es penoso afirmarlo, pero fue así. Por todo eso, personajes como Toledo, PPK, los Humala, Keiko, Villarán y García están siendo investigados.

Entonces, las preguntas que hay que hacerse son las siguientes: ¿está mal investigarlos? La respuesta es no. ¿Tienen derecho los jueces y fiscales a hacerlo? La respuesta es sí. Más aún si en años anteriores algunos de estos expedientes pasaron por agua tibia o estuvieron congelados.

El problema se suscita cuando se percibe una desigualdad de trato en los investigados, la sensación de qué no todos son medidos con la misma vara o cuando se observa que podría haber un abuso de autoridad ¿Por qué dictarle prisión preventiva a Keiko Fujimori y no a Susana Villarán? ¿Por qué a unos se les investiga y a otros, no?

¿Cuál es la lógica de una prisión preventiva y en qué casos realmente corresponde? ¿Estamos ante un abuso judicial o se hace lo correcto? ¿Hay realmente una persecución política? En buen castellano: ¿cuál debe ser el límite de estas decisiones? Parte del problema es que existen diferentes puntos de vista tanto en la Fiscalía como en los juzgados, y esto se debería a que en la Fiscalía existirían dos grupos (cada uno de ellos, según se dice, al servicio de intereses distintos) y a que el poder judicial hay jueces que son más carceleros que otros.

La Fiscalía habría servido también de filtro o blindaje a la impunidad, pero ahora han surgido fiscales y jueces más jóvenes con otra óptica –quizás más independientes– y, por lo mismo, noviembre ha sido un mes de detenciones y escándalos. Ha sido prácticamente una larga crónica judicial.

Todo esto rebalsó con la sorpresiva solicitud de asilo de Alan García. Sorpresiva no porque la hiciera, sino porque horas antes había declarado que se allanaba y se quedaba conforme en el Perú.  Esto ha marcado otra diferencia… pero en relación a Keiko, los Humala Heredia, PPK y Villarán. Ellos no se asilaron; Alan García, sí.

Y esto, a su vez, conlleva a otras preguntas y reflexiones. Si le otorgan el asilo a García, ¿Toledo lo aprovechará para quedarse en Estados Unidos? ¿A partir de ahora tomará más fuerza la prisión preventiva para evitar que nuevos investigados también se asilen? ¿Basta la calidad de investigado o de imputado para ir 36 meses a la cárcel o se trata de una exageración? ¿Iba a ser el expresidente víctima de una treta fiscal?

Obviamente, tal situación ha despertado un sin número de comentarios e incluso un grupo de congresistas ha viajado a Uruguay. En el Perú, que se sepa, no hay detenidos políticos. Todos hablamos, decimos y escribimos lo que queremos. Basta prender la radio y la televisión para darnos cuenta de ello. Con libertades plenas de opinión, difícilmente podría haber alguna forma de persecución. Tal vez haya una persecución fiscal o un exceso de carcelería preventiva, pero eso no es persecución política.

Todo esto afecta el futuro del Apra y de Fuerza Popular. La prisión de Keiko acaba con su liderazgo y con una eventual candidatura. Y en el caso de García, significa su retiro de la política. El Apra, disciplinada y lealmente apoya a su líder, lo que conllevará a sus defensores a un lento desgaste. Y en el caso de Fuerza Popular, pareciera que se viene un desmembramiento que irá evidenciándose de a pocos.

Hace mal el Gobierno en no comunicar de manera clara y contundente si está o no está detrás de los fiscales. Además, falta investigar el caso Chinchero (que incluso podría involucrar al propio presidente). Lo propio con las coimas por los peajes, el financiamiento de otras campañas que todavía están pasando piola, y la relación obras-coimas-gobernantes-funcionarios en prácticamente todas las regiones del Perú.

Ni modo que se retroceda y que se decida dejar todo como estaba para no perturbar la paz de nuestra actual clase política.

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