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Aramayo y Arana: ¿se dan la manita?

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Son antagonistas políticos pero parecieran unidos por una extraña conexión: la aparente defensa de la minería ilegal.



Son antagonistas políticos pero parecieran unidos por una extraña conexión: la aparente defensa de la minería ilegal. Uno de las peores lastres que tiene que soportar nuestro país y con el que convivimos desde hace décadas porque ningún gobierno toma la decisión política de enfrentarlo.

¡Se requiere valor y dinero! Según el ministro Thorne, las arcas están razonablemente llenas y siempre hay recursos (si hay para los Panamericanos, hay para todo), aunque se tenga que emitir papeles y bonos. La minería ilegal genera una sociedad paralela sumida en la más profunda miseria moral y cuya “economía” gira en torno al contrabando, trata de personas y prostitución. Se trata de una sociedad sin nombre, escondida, donde la vida no tiene ningún valor.

¿Qué ha hecho Arana —autoproclamado defensor del medio ambiente— contra la minería ilegal? ¡Nada! Solo recuerdo tímidas declaraciones contra el uso del mercurio y el cianuro (que son necesarios y utilizados dentro de un marco legal muy restringido y supervisado). Ni por asomo cuestiona la podredumbre que genera esa actividad con la misma fiereza con la que disputó Conga. Ahí sí no le importa que los trabajos se desarrollen en espacios prohibidos como las riberas de los ríos, lagunas, cabeceras de cuenca y las zonas de amortiguamiento de áreas naturales protegidas. ¿Poblaciones vulnerables? ¡Desconoce mayormente!

Arana tiene ocho meses como congresista y no ha generado un solo proyecto de ley para combatir la minería ilegal, ni una sola marcha o movilización: la doble moral de la izquierda en todo su esplendor. Además, su discurso está plagado de incoherencias; sostiene que la minería formal (sobre todo la gran minería, aquella con estudios de impacto ambiental aprobados y tecnología de punta) tiene un mayor impacto ambiental que la ilegal. Ni siquiera son comparables.

El congresista Arana podría tener alguna credibilidad como líder antiminero si fuera el paladín de la lucha contra la minería ilegal, pero eso no da rédito político, le resta votos y él lo sabe. Por eso es sinuoso y algo escurridizo cuando tratan esas materias. ¿Por qué Grufides no se dedica al 100% a luchar contra la minería ilegal? Simplemente porque ese tema en el Perú solo inspira verdaderas pasiones en unos pocos fanáticos ambientalistas y ciudadanos comprometidos que no necesariamente votarían por Arana.

Todos los demás peruanos nos sobrecogemos cuando hay alguna denuncia en la prensa o ante las escabrosas imágenes de los reportajes y de las 70 mil personas que trabajan en La Rinconada, Puno, a 5400 metros de altura con una temperatura nocturna de hasta -25 grados, en las condiciones más inhumanas imaginables, pero luego olvidamos porque no forma parte de nuestro día a día.

Las autoridades tienen la obligación de recordarlo y priorizarlo, aunque lo más cómodo sea dejarlo de lado. Pensarán que frente a siglos de abandono, qué importa unos años más. Y este problema no es privativo del Perú; hay un escalofriante informe de la BBC del mes de abril de 2016, que incluye a los países andinos y Brasil.

¡Arana tuvo la oportunidad! En la película La Hija de la Laguna —en la que participó como uno de sus protagonistas y que supone una presunta defensa del agua, la naturaleza y la agricultura frente a proyectos mineros transnacionales como Yanacocha— pudo hacer una abierta crítica y llamado de atención a la destructiva minería ilegal en Madre de Dios, pero a esta se le redujo a un papel secundario. Ningún mensaje más allá de recordar que muchos orfebres extranjeros compran oro para joyería, en ignorancia de su origen y las condiciones infrahumanas en las que es explotado. La película recibió razonable difusión, fue “muy premiada”… ¡no pasó nada!

Aramayo parece cómplice de esa insania con su Proyecto de Ley 1095. No se le puede dar el mismo trato al minero informal que al ilegal; este último jamás podrá formalizarse porque trabaja en zonas prohibidas. Una inmensa diferencia sustenta su inclusión dentro de los alcances de la Ley de Crimen Organizado, y ahí debe permanecer.

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