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Anuncian que informe de la Comisión investigadora de abusos sexuales contra menores está listo para debatirse

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Según Correo, a nivel nacional existen 1048 menores que denunciaron a docentes, administrativos y otros escolares. Entonces, ¿cómo se explica que el informe se circunscriba a tres casos?



El congresista Alberto de Belaunde ha anunciado que el informe de la Comisión investigadora de abusos sexuales contra menores en instituciones públicas o privadas está listo para debatirse. Como se recordará, el congresista de Belaunde preside esta comisión cuya creación él mismo propuso, contraviniendo así el reglamento del Congreso, que indica que quien solicita la creación de una comisión no debe participar en ella.

También se debe recordar que en una entrevista de 2017 el congresista ya tenía claro el resultado de la investigación que aún no se había iniciado (ver en Perú21, 7/9/2017, “Alberto De Belaunde: “Miembros del Sodalicio deben estar presos”). Con todo, ha trascendido que el informe se centra en tres casos: el Sodalicio de Vida Cristiana, el Colegio Héctor de Cárdenas e instituciones educativas de Amazonas. De ser así, surge de inmediato una pregunta: ¿no había más instituciones públicas o privadas que investigar?

Una respuesta podría encontrarse en el hecho de que la comisión fue propuesta por su presidente para investigar al Sodalicio. De Belaunde así lo afirmó en su cuenta de Facebook: “Ante indolencia de Fiscalía, pediré que el Congreso de la República forme una comisión investigadora del caso Sodalicio”. Pero, para que el hecho no se entienda como algo dirigido exclusivamente a una organización –considerando además la cercanía del congresista de la bancada autodenominada “liberal” con Pedro Salinas y Paola Ugaz– se le quiso dar un carácter más general y se llegó al cosmético nombre de “Comisión investigadora de abusos sexuales contra menores en instituciones públicas o privadas”.

Sin embargo, la versión no parece sustentarse cuando también se sabe que, como presidente de la comisión investigadora, De Belaunde envió cartas a todos los obispos peruanos a fin de recabar datos sobre abusos sexuales de todas las diócesis del Perú, y luego, se reunió con representantes de la presidencia de la Conferencia Episcopal Peruana en noviembre de 2018, y entonces acordaron que la información solicitada le sería otorgada por la Conferencia Episcopal y no directamente por cada obispo. Más bien, cada uno debería hacer llegar los casos pertinentes a la Comisión de Protección de Menores de la Conferencia.

A la mencionada reunión asistieron monseñor Miguel Cabrejos, el cardenal Pedro Barreto, monseñor Robert Prevost, monseñor Norberto Strotman, monseñor Antonio Santarsiero y el padre Guillermo Inca. Parecería, pues, que tal comisión investigadora tenía la intención de, al menos, recabar referencias de las diócesis del Perú y de las instituciones a ellas vinculadas que realizan trabajo con menores de edad. Este proceder, por lo demás, es inteligible a la luz de casos tan sonados como los de la Iglesia chilena, irlandesa, alemana.

Por otro lado, se debe añadir que información sobre casos graves de abusos sexuales a menores en instituciones públicas existe y que esto es de público conocimiento. Según informa Diario Correo, “A nivel nacional existen 1048 menores que denunciaron a docentes, administrativos y otros escolares en sus planteles (28 de noviembre de 2018)”. A la luz de estos hechos, ¿cómo se explica que el informe se circunscriba a tres casos? En relación con la información que debe haber entregado la presidencia de la Conferencia Episcopal, ¿no hay nada digno de incluirse en el informe?

Se comenta que el congresista habría llegado a algún tipo de coordinación –con intervención de su padre– para que la Comisión investigadora no profundizara en indicios provenientes de algunas diócesis peruanas. Las noticias sobre casos de abusos a menores en Trujillo o Huancayo, por ejemplo, son también de público conocimiento. Circulan en Internet y han sido ventilados incluso en programas televisivos. En suma, la pregunta que queda es: ¿la comisión investigadora del congresista De Belaunde ha desestimado algún tipo de información relevante en su informe final? De ser así, ¿por qué?

Foto: AA.com

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