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Alan vs. Datum

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En buena hora para la salud de la democracia que el tema de las encuestas truchas termine, finalmente, en los tribunales.



Ha hecho bien Alan García en denunciar con nombre propio a una empresa encuestadora y a su fundador que, según el expresidente, ofrecieron “ayudarlo” en las cifras electorales a cambio de 800 000 dólares, propuesta que él rechazó. Hizo mal, sin duda, en no hacerlo público hace 10 años cuando, según su versión, se produjeron los hechos, pues se habría producido una tentativa del delito de falsedad genérica en la medida de que la propuesta de la encuestadora suponía alterar intencionalmente la verdad para perjudicar a terceros (otros candidatos y la opinión pública). 

El punto es que esta es la primera denuncia concreta de un político contra una encuestadora determinada. Y ello es positivo en la medida de que, hasta el día de hoy, las descalificaciones por parte de los candidatos en diversos procesos electorales se disolvían en la generalidad de lo que no tiene nombre ni apellido. De ahí que el tema de las cifras tramposas de las encuestadoras quedara siempre como parte del folklore de las campañas electorales, sin ninguna consecuencia más allá de una desconfianza que se ha ido agudizando con el tiempo.

Esta vez, ello ya no será así: la encuestadora denunciada por Alan García ha decidido querellarlo. Y está en todo su derecho.

El candidato aprista ha respondido “que actúe”. Habrá, pues, un juicio público en que se ventilarán los hechos, se presentarán las pruebas, los testigos, desfilarán expertos y peritos y se sentenciará.

Así, los peruanos podremos enterarnos entonces de cómo se hacen las encuestas, las metodologías que se usan y si los márgenes de error pueden ser utilizados para “ayudar” o “perjudicar” a alguien. En suma, se confirmarán sospechas o se desinflarán mitos en el banquillo, más allá de quien gane o quien pierda el juicio.

En buena hora para la salud de la democracia que el tema de las encuestas truchas termine, finalmente, en los tribunales.

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