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¡Ahora sí, juguemos a ganador!

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No debe escatimarse recursos para fortalecer al Poder Judicial.



Se ha necesitado la presión furiosa de todo un país para que el juez Concepción Carhuancho dicte orden de captura y de prisión preventiva contra Alejandro Toledo. ¡La maquinaria judicial no puede parar!

Hay que evitar la desafortunada confrontación entre el Congreso y el PJ. Declaró su nuevo presidente: “las conclusiones del Congreso van a ser referenciales […] se debe dar todo el apoyo al Ministerio Público […] que haga su trabajo, como lo está haciendo”.

Sin embargo, Duberlí Rodríguez conoce. Tiene una visión muy clara del rol estructural que le compete a nuestro PJ en este escenario de turbulencia infinita. Es un inmenso reto y sabe que los dos próximos años de su gestión serán esenciales para marcar una diferencia. Hoy en el Perú es ¡EL PODER del Estado!

Rodríguez ha expresado que el mayor problema es la lentitud: hay escasos recursos para los tres millones de expedientes que inundan nuestras sedes judiciales. ¡Número inmanejable! Simplemente litigar es muy barato y la mayoría de peruanos parecen regocijarse haciéndolo.

Uno de sus principales objetivos es acelerar la administración de justicia a través de la creación del “expediente judicial electrónico”, que posibilitará a las partes tener acceso en tiempo real desde cualquier medio digital. Mayor transparencia y celeridad en el proceso. Igualmente, promoverá la ampliación de facultades a los jueces de Paz letrados y que la casación sea estrictamente excepcional, solo para control de legalidad.  ¡Enemigo declarado de los actos judiciales innecesarios!

Agregaría dos problemas adicionales: (1) corrupción y (2) falta de especialización de los jueces. La corrupción no merece mayores líneas, es transversal a toda la administración pública y a muchos privados. Se requiere una cruzada de moralidad a nivel nacional que no es privativa del PJ.

La especialización es un clamor desatendido. Imposible obtener resultados favorables, aun con pruebas contundentes, cuando se litiga contra Indecopi, Sunat u otra entidad pública. Instaurar un proceso tiene como única finalidad ganar tiempo. Genera un inmenso desgaste en gestiones y una cuantiosa acumulación de intereses confiscatorios. Estas instituciones hacen una permanente campaña de sensibilización con los magistrados, pero las puertas están cerradas a los particulares.

Jueces poco capacitados e informados se pierden en el laberinto de la tecnificación. Aparte, sincerémonos: les cuesta fallar contra el Estado, pues es el “bolsillo que les da de comer”.

No debe escatimarse recursos para fortalecer al PJ: es el jugador más importante en este penoso partido del Perú contra la corrupción. Que los demás hagan juego y no metan autogoles.

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