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Adquisiciones y gasto del Estado: ¡estamos como la mona!

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La reestructuración de Perú Compras y del OSCE es una excelente noticia.



Considero que es una excelente noticia la decisión del gobierno de declarar en reestructuración a Perú Compras y al Organismo Supervisor de Contrataciones del Estado (OSCE). El MEF argumentó que así cumple con su compromiso de velar por el uso adecuado de los recursos públicos, buscando una mayor transparencia en las compras públicas y minimizar la corrupción.

Ambas reestructuraciones fueron oficializadas mediante sendos decretos supremos del Ejecutivo, que las declaran en reorganización por un plazo de 90 días calendarios. Y sería bueno que estas reorganizaciones contemplen las sugerencias de la Comisión Presidencial de Integridad, entre otras.

Desde el inicio del nuevo gobierno se identificaron vacíos en el sistema de compras estatales, los cuales motivaron que se incluya la modificación de la Ley de Contrataciones del Estado en el pedido de facultades legislativas. Los escándalos recientes por las compras de computadoras del Minedu y el Congreso, y la adquisición de canastas por este último, simplemente aceleraron las cosas.

No quiero ni pensar en todas las adquisiciones que se han hecho en los últimos años a diestra y siniestra, utilizando estos mecanismos que pareciera estar diseñados para facilitar la corrupción y asegurando que se compre caro de la manera más sencilla y rápida.

Es muy positivo que se haya optado por reestructurar los diversos sistemas de compra del Estado, pero se tiene que trabajar también en reducir el gasto superfluo y en uniformizar los beneficios que reciben los trabajadores a lo largo de las distintas instituciones del sector público. No puede ser que a los empleados del Congreso se les regale 1500 soles y que haya otros empleados públicos que no reciben nada. La excusa fácil que le escuché a un congresista me pareció patética: “No le podemos quitar los derechos adquiridos a los trabajadores del Congreso”. Solo le faltó añadir: “Particularmente porque a mí también me beneficia”.

En el Estado peruano coexisten una serie de instituciones; muchas de las cuales se ciñen por sus propias reglas e incluso no se financian a través del presupuesto sino mediante el cobro de tasas a las empresas privadas a las que supervisan y regulan. Existen una serie de “feudos” dentro del sector público que tienen una gran autonomía en su gasto y en el otorgamiento de beneficios a sus trabajadores, sobre los cuales no existe mucha información y, en muchos casos, escaso control.

Así como las trabas administrativas afectan el costo de hacer negocios en el Perú, estas tasas o tarifas también lo hacen imponiendo una serie de sobrecostos financieros al sector privado que, al final, todos acabábamos pagando a través de mayores precios.  

Es positivo que se trate de mejorar la forma en que el Estado adquiere los bienes y servicios que  compra, pero igual de importante es analizar los presupuestos de las distintas instituciones para reducir el gasto superfluo, asegurando que los recursos recaudados se utilizan en forma eficiente, y que se pueda disminuir las tasas de contribución de las empresas y personas a estas entidades. Si el ciudadano no percibe que existe un esfuerzo grande por parte del gobierno para poner orden en el gasto estatal, difícilmente se logrará ganar la guerra contra la informalidad.

¿Quién quiere pagar impuestos o los otros costos de ser formal si lo que observa es a unos pillos que se están llenando los bolsillos a costa de nuestro esfuerzo? 

Como indicó Sandro Fuentes en un artículo que leí hace unos meses, el contribuyente promedio busca una coartada moral para no pagar tributos o sentirse aliviado si no lo hace. El Estado peruano nos las ofrece diariamente. Esto tiene que cambiar.

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