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¡A la reja!

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Nuevo audio (el quinto) desentraña todas las miserias que parasitan a varios protagonistas del conflicto en torno a Tía María.



No hay quinto malo. Efectivamente, pues el nuevo audio que registra otro diálogo entre el dirigente Pepe Julio Gutiérrez y el abogado ambientalista Jesús Gómez Urquizo quinto en esta saga de fango de “lentejas”— es peor.

Su impacto es tal porque eviscera o desentraña todas las miserias que parasitan a varios protagonistas del conflicto desatado en torno al proyecto Tía María, mientras saca a flote nuevas sospechas que deberían engordar las filas de los sospechosos que deberían ser investigados y sancionados, en serio y con rigor.

Este quinto registro acaba de provocar la expulsión de Gutiérrez de las filas de Tierra y Libertad y le ha valido una detención judicial que, esperemos, no sea flor de una semana. Mientras tanto, el abogado que grabó parece estar a salvo —todavía— de estas  severidades legales, aunque en esta nueva conversación hace gala de un auténtico don para el arreglo bajo la mesa (con esmerada nocturnidad y manual de instrucciones incluido), pero no como emisario del desahuciado Gutiérrez, sino más bien de la otra parte, ergo, la empresa Southern Perú.

Es la indudable impresión que ha dejado, si se escucha bien y se atiende mejor todo lo dicho por Gómez Urquizo. ¿Por qué sigue tan suelto de huesos, judicialmente hablando? ¿Solo grabó a Pepe Julio?

TyL, por otra parte, no ha resuelto nada con la expulsión de este personaje. En realidad, tiene una responsabilidad enorme con todo lo sucedido en Islay al no ejercer los debidos controles políticos  sobre la actuación de su exmilitante. Además, los audios “lentejeros” también están abriendo suspicacias que comienzan a trepar otras escalas de la organización que lidera Marco Arana. El daño está hecho y por mano propia, es decir, por culpa de TyL y de nadie más.

También el ambientalista Gómez Urquizo tiene mucho que explicar sobre lo que él mismo ha dicho, pues compromete directamente hasta al presidente de la empresa cuprífera, quien igualmente tendrá que decir lo suyo así como varios de sus funcionarios en las nuevas investigaciones que se dispongan respecto a esta grabación sobre Tía María.

Y no se libra tampoco una magistrada.

Lo que debería ocurrir ahora es que arda Troya, pero por las investigaciones que deben ponerse en marcha, con el levantamiento del secreto bancario, tributario y de las comunicaciones y, acaso, con la formanción de una comisión investigadora en el Congreso.

Son las extrañas y lamentables bondades de habernos constituido en “la república del audio”.

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